La extradición se rige por tratados internacionales y leyes nacionales, y puede negarse si el país requerido no tiene un acuerdo de extradición con el país solicitante, si el delito por el que se solicita la extradición no está considerado un delito en el país requerido, si el delito es político o si la persona solicitada corre el peligro de ser torturada o ejecutada en el país solicitante.
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Las contravenciones son sancionadas con multas o arrestos de corta duración, mientras que los crímenes pueden resistir a penas de prisión de hasta 30 primaveras o incluso condena perpetua.